Las organizaciones internacionales condenaron la falta de transparencia en los resultados anunciados de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio 2024.
En un comunicado conjunto, nueves organizaciones internacionales manifestaron serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad de los comicios, lo que genera grandes interrogantes sobre la credibilidad de la afirmación de que Nicolás Maduro ha obtenido un tercer mandato presidencial. Ante esta situación, la comunidad internacional debe insistir en que las autoridades venezolanas garanticen y faciliten de inmediato un proceso de verificación independiente de los resultados electorales.
Las organizaciones firmantes del comunicado destacaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela debería poner a disposición de todos los ciudadanos y observadores electorales las actas de escrutinio, tal como lo exige la legislación venezolana. Además, instaron al CNE a completar los procesos de auditoría electoral y verificación ciudadana para reconciliar los recibos de votación con los datos registrados en las actas de cada centro de votación. Estos procesos deben ser públicos y verificables.
Hasta que se cumplan estas condiciones y se respete el derecho del pueblo venezolano a contar con información transparente sobre el proceso electoral, la comunidad internacional no debería reconocer el resultado anunciado. Los gobiernos y las organizaciones internacionales y regionales deben utilizar todas las herramientas diplomáticas a su disposición para instar a las autoridades venezolanas a llevar a cabo un conteo de votos justo y transparente que respete el derecho de los venezolanos a elegir libremente su futuro político.
Las organizaciones también destacaron la importancia de que el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, como las únicas misiones de observación técnica internacional acreditadas por el CNE, tengan acceso a toda la información del proceso electoral para llevar a cabo sus informes imparciales de acuerdo con los acuerdos establecidos con las autoridades venezolanas.
En el comunicado, se hizo un llamado a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente, al respeto del debido proceso y a evitar la criminalización de los líderes de la oposición y de aquellos que ejercen su derecho a la protesta pacífica. Además, se instó al respeto de los derechos fundamentales como la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad y la seguridad de las personas y la libertad de movimiento.
Las organizaciones firmantes del comunicado son:
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Robert F. Kennedy Human Rights
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P)
La Comisión Internacional de Juristas
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Human Rights Watch
Associazione Annachiara 